El presupuesto de la Junta se aprueba con la desaparición casi total de la prevención de riesgos laborales

  • Pese a la insistencia de CCOO Andalucía, el Gobierno andaluz ha aprobado finalmente un presupuesto para el año 2015 en el que se reducen en un 65% las partidas destinadas al desarrollo de actividades en prevención.
  • Es alarmante el recorte del 85% en los programas de sensibilización.
Trabajador con un casco de obra

La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Andalucía, Nuria Martínez, ha manifestado que “la realidad desmiente las palabras de los responsables de la Junta de Andalucía en la que manifiestan que la Prevención de Riesgos Laborales es una de sus prioridades para  garantizar la salud de las personas en el trabajo y mejorar las condiciones de trabajo en los empleos existentes, ya que sin presupuesto no se puede liderar la apuesta por una política y práctica preventiva eficaz en las empresas andaluzas”.

Los datos más significativos de los presupuestos aprobados en materia de prevención de riesgos laborales son la partida dedicada a los centros de prevención de riesgos laborales ubicados en las ocho provincias que tienen encomendadas actividades de asesoramiento y promoción de la salud laboral en las empresas, labor que desarrollan mediante planes de visitas a las mismas. Dichos centros “sufren un recorte del 35% con respecto a la del año 2014, que a su vez había visto mermado el presupuesto en comparación con el año 2013”.

Asimismo, confirma la sindicalista “la partida dedicada al desarrollo de actividades de divulgación y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales, que históricamente lo han desarrollado sindicatos, asociaciones empresariales y universidades, se ha reducido en un 85%, es decir, prácticamente ha desaparecido del presupuesto del año 2015”. Igualmente, las ayudas a las empresas y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)  dedicadas a mejoras en prevención de riesgos laborales, se han reducido en un 30%.

Debido a estos recortes Nuria Martinez ha declarado que “la actividad básica y fundamental de asesoramiento y visitas a empresas en materia de prevención de riesgos laborales, que venían realizando los técnicos habilitados de los Centros de Prevención, creemos que no se va a poder desarrollar  más que en un porcentaje reducido”.

Además, este recorte se materializa en un momento en el que la siniestralidad (particularmente los accidentes mortales y los graves) ha aumentado considerablemente con respecto al año 2013. Es decir, los actuales presupuestos de la Junta de Andalucía ponen de manifiesto el desinterés del gobierno andaluz por la salud y la vida de las personas trabajadoras, de hecho, “se ha abandonado cualquier intento de liderazgo en la materia que venía teniendo la administración en años anteriores y ha pasado a jugar un papel meramente administrativo en la gestión de la prevención en Andalucía”, apostilla la responsable.

CCOO manifiesta que esta propuesta llueve sobre mojado, ya que el año 2014 la ejecución presupuestaria en materia de seguridad y salud ha sido ridícula, las acciones previstas se han realizado al 50%; pero todo ello tiene unas consecuencias claras: aumento de la siniestralidad, infradeclaración de las enfermedades profesionales, pérdida de la calidad de la prevención, incumplimiento de la norma ante la bajada en la presión de vigilancia y control; es decir, consecuencias graves en los daños a la salud de las personas trabajadoras y sus condiciones de trabajo.

Además la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral en Andalucía 2010-2014 ha llegado a su término en el pasado año, con un desarrollo cuanto menos insuficiente para el sindicato, “por lo que creemos que han quedado acciones prioritarias en ella que requieren de un planteamiento y una acción urgente por parte de la administración, que esperemos que en los primeros meses de este año se concrete”.

El sindicato llama la atención sobre la necesidad de un cambio de rumbo en la política de salud laboral por parte de la Junta de Andalucía. La salud laboral debe estar en la agenda política de la Junta de Andalucía, debe concertarse en un plan de acción y debe disponer de presupuesto para su ejecución.