El texto de Ley de Mutuas aprobado en el Consejo de Ministros ha sido trasladado a las centrales sindicales para su conocimiento sin existir un marco real de diálogo social en una cuestión trascendental para la salud y la seguridad de los trabajadores.
La reforma de la Ley de Mutuas aprobada el pasado 18 de julio de 2014 en el Consejo de Ministros refuerza, contra el criterio expresado por los sindicatos, el carácter privado de estas entidades y les mantiene competencias que han ido asumiendo a lo largo de los años (gestión de la prestación económica de Incapacidad Temporal por contingencia común, prestación por hijo enfermo, cese de actividad de autónomos), lo que parece cuestionar, de forma injusta, la capacidad, en nuestra opinión más que acreditada del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo y de los medios públicos para gestionar estas prestaciones.
El Gobierno mantiene un criterio alejado de la prevención de riesgos laborales y no acaba de fijar un compromiso firme de Seguridad Social con la financiación de actividad preventiva, a la vez que fuerza la venta o disolución de las Sociedades de Prevención adscritas a las Mutuas sin comprometer un diálogo pausado que evite perjudicar a este sector. Con el texto actual no se garantiza la calidad de los servicios, ni la estabilidad en el empleo, ni la continuidad del trabajo de aquellas Sociedades de Prevención que eran eficaces en la reducción y control de daños.
Desde el año pasado CCOO Andalucía inició una campaña informativa en las empresas y centros de trabajo de toda Andalucía para aunar esfuerzos contra este abuso empresarial auspiciado por el gobierno. Fruto de esas presiones y de la acción sindical, se ha conseguido que una de las pretensiones de esta Ley, que era otorgarle a las mutuas la potestad de alta ante el silencio administrativo del Servicio Público de Salud, se haya limitado. De esta manera, las mutuas ahora pueden proponer altas pero ante la ausencia de respuesta del Sistema Público de Salud en 5 días, solo pueden presentar recurso ante el Instituto Nacional de Seguridad y Salud (INSS) que tendría que resolver en 4 días, con lo que no tendrían finalmente la potestad de dar el alta a la persona enferma. Eso sí, sí se refuerza el control por parte de las mutuas hacia el trabajador desde el primer día de baja.
Además, otorga a las Mutuas la capacidad de declarar justificada o no la incomparecencia del trabajador ante una propuesta de revisión médica por parte de la Inspección Médica del Sistema nacional de Salud, en una delegación de funciones de control que rechazamos. Todas estas modificaciones se apoyan en criterios economicistas (evitar un excesivo absentismo laboral, a nuestro juicio inexistente) apartando de las prioridades la recuperación de la salud de las personas trabajadoras.
Es cierto que la reforma ajusta los recursos de las reservas de las que pueden disponer las Mutuas, pero se mantienen algunos conceptos indeterminados que generan dudas por el uso que se pueda hacer de estos recursos públicos gestionados por las entidades colaboradoras. Incluso su nueva denominación (Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social) no disimula que en un futuro se les pueda seguir derivando competencias públicas.
La Administración, pese a su opción por el refuerzo de las Mutuas, mantiene criterios de dirección y tutela sobre las mismas y clarifica las responsabilidades de sus Presidentes y Juntas Directivas, aunque en nuestra opinión debería haberse profundizado en esta línea de control público, máxime si se tienen en cuenta los casos de malversación de recursos en el histórico de algunas Mutuas.
En opinión de CCOO el Gobierno ha perdido la ocasión de consensuar una ley que pudiese perdurar a futuro por el establecimiento de unas bases que contasen con la aprobación de todos los implicados en este sector, tan importante, ya que estamos hablando de la salud de los trabajadores y trabajadoras.
En Andalucía, donde la Junta ha guardado silencio durante todo este proceso, se hace necesaria una respuesta alta y clara de rechazo ante la Ley por parte del gobierno Andaluz, y un ejercicio de responsabilidad por parte del Sistema Andaluz de Salud para responder en el plazo de los cinco días que se establecen en la Norma a las solicitudes de alta de la mutuas. De este modo, haría valer sus competencias al tiempo que se garantizaría el derecho constitucional a la protección de la Salud recogido en el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad, los derechos y la igualdad de trato de los trabajadores y trabajadoras que están en situación de baja laboral.
