La evaluación de estos riesgos laborales sólo se hace en el 10% de las empresas fruto de la “dejación” de éstas y de la Administración.
La Junta de Andalucía recorta, en sus presupuestos para este año, un 61% en materia de seguridad y salud laboral mientras que la accidentalidad y las enfermedades laborales aumentan.
CCOO ha organizado un seminario para informar a sus delegados y delegadas de los «pasos a seguir» para que, en las empresas de la provincia, se realice una intervención en la prevención de riesgos psicosociales ya que ésta es «prácticamente nula» en Jaén, hasta el punto de que sólo «un diez por ciento» de éstas llevaría a cabo, actualmente, una política en esa dirección. Así lo ha indicado la Secretaria de Salud Laboral de la Unión Provincial del Sindicato en Jaén, Isabel Delgado, quien ha explicado que «desde los últimos años, pero sobre todo desde 2012», se ha detectado «un aumento muy grande a la exposición de riesgos psicosociales, que son condiciones de trabajo sobre las que hay evidencias científicas de que generan problemas sobre la salud de la población trabajadora».
Desde CCOO se achaca ese «aumento» a la crisis económica, a la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 y al incremento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), según ha indicado Delgado, que ha aludido a distintas encuestas como la II Encuesta sobre condiciones laborales de la Junta de Andalucía o una elaborada por el propio sindicato, y en las se recogen que «el 70 por ciento de la población trabajadora de Jaén consideraba que la reforma laboral había empeorado su salud».
Esta circunstancia obedece a que, tanto por la crisis como por la aplicación de la reforma laboral, han aumentado sus ritmos de trabajo, sus horarios, sus cargas de trabajo, han disminuido los salarios, e incluso se han precarizado las relaciones laborales aún más, ya que la contratación temporal -inferior a un mes- y a tiempo parcial ha aumentado mucho en nuestra provincia en los últimos años. La no prevención y el «miedo a perder» su puesto de trabajo entre otros factores, ponen de manifiesto un «retroceso de las condiciones laborales» y, consecuentemente, un «aumento de los problemas de salud relacionados con el estrés laboral» que en último término pueden acabar provocando infartos, que es precisamente la causa que está detrás de un «30 por ciento de los accidentes laborales con resultado de muerte» registrados tanto en Andalucía como en Jaén, según ha expuesto la representante de CCOO.
La no prevención de estos riesgos laborales está teniendo un «coste muy importante para la ciudadanía», ya que según los cálculos del sindicato, «la ansiedad y las depresiones» derivadas de trabajar con estas condiciones de trabajo conllevan un coste económico al año de «más de 7,5 millones de euros a la Seguridad Social en Jaén». Pero también supone una pérdida de salud de la población trabajadora muy importante, ha indicado la sindicalista.
Por eso, desde CCOO se aboga por que las empresas «intervengan a nivel preventivo para eliminar esos riesgos psicosociales», porque de ello se beneficiarían tanto «la rentabilidad» de las compañías, porque «la gente trabaja mejor», como la Seguridad Social, que vería disminuido el coste que tiene que dedicar a esas enfermedades, un montante que «podría destinar a la sanidad pública tan denostada en los últimos tiempos», y sobre todo, los hombres y mujeres que trabajan en las diferentes empresas que no sufrirían pérdida de su salud e inclusive de su vida, según Delgado.
Las empresas tienen que entender que es su obligación legal, y que se puede intervenir preventivamente también sobre estos riesgos laborales. Por ello, desde CCOO-Jaén se ha querido organizar un seminario con sus delegados y delegadas para darles «herramientas» con las que «fomentar la prevención de estos riesgos laborales» y así «no perder lo conseguido hasta ahora», según ha abundado la responsable de Salud Laboral de la Unión Provincial.
Por su parte la Responsable de Salud Laboral de CCOO Andalucía, Nuria Martínez, ha indicado que este “incremento de la siniestralidad, sin duda, es derivado en primer lugar de la política de inversión cero en materia de PRL que han practicado las empresas en el último año, del incumplimiento reiterado de sus obligaciones y de la impunidad total que tienen al no existir el suficiente control por parte de la inspección de trabajo y de la administración en general”.
Pero también de las normas que se han aprobado en los últimos dos años a nivel estatal: reforma laboral, cambios en la ley de PRL, cambios en la normativa de mutuas. En definitiva, es que el empresariado ha visto cómo una serie de normas le facilitaban dejar la actividad preventiva en su empresa como última prioridad”.
«Recortes en prevención» en los presupuestos de la Junta
Desde mayo de este año, CCOO lleva exigiendo a la Junta que actúe, que planifique un Plan de Choque en materia de siniestralidad, utilizando todos los recursos disponibles, sin embargo ésta no sólo no hace caso sino que los recursos destinados a esta materia han sufrido un recorte aún mayor.
Nuria Martínez ha criticado dicha «reducción» que, según ha manifestado, se aprecia en el proyecto de los Presupuestos de la Junta para el año que viene en materia de seguridad y salud laboral, de hasta «un 61 por ciento» respecto al anterior. Además, «dentro de ese global, en el capítulo de inversiones destinadas a programas de sensibilización y ayuda a las empresas para que aumenten la prevención, hay un recorte del 86 por ciento», según ha lamentado la representante de CCOO Andalucía, que también ha criticado otra disminución, en este caso de «un 40 por ciento», de los presupuestos para los centros de prevención que hay en cada provincia y que «se encargan de potenciar la prevención, por lo que esto repercute en el asesoramiento que estos centros realicen, sobre todo en las empresas más pequeñas».
La dirigente ha criticado que en un contexto en el que «ya las condiciones son malas» para las personas trabajadoras, «la Administración, en vez de apostar e invertir para fomentar la prevención en las empresas», realice esos «recortes», porque así «todo está remando en contra del derecho a la seguridad y la salud en el trabajo». En ese sentido, Isabel Delgado ha apuntado que «la Inspección mira para otro lado» a la hora de advertir de la escasa aplicación de medidas de prevención de riesgos psicosociales en las empresas «también porque la Administración tampoco aprieta».
